Al cumplirse más de un año, del despreciable asesinato de Danilo Anderson, quien llevaba casos tales como el de los autores del golpe de Estado del 11 de Abril 2002 y el sabotaje a la Industria Petrolera. Lo criminales con autoría material fueron juzgados y condenados a cumplir cadenas que oscilan entre 27 a 30 años, pena máxima en Venezuela.

Los presuntos autores intelectuales, se les ha concedido el beneficio de ser juzgados en libertad, con presentación cada quince días, prohibición de salida del país y de hacerlo los fiadores que a tal efecto les fueron solicitados, cancelarían la irrisoria suma de mil unidades tributarias, como castigo por el crimen.

Los pobres que han cometido delitos no pueden obtener el beneficio de ser juzgados en libertad ya que no poseen los medios económicos para pagarse un abogado que los defienda y solicite para ellos. Providencia ésta contemplada en la Ley de Beneficios en el Proceso Penal decretada en la Gaceta Oficial N° 4620 del 25 de Agosto de 1993.

Precisamente para Danilo Anderson su muerte cerceno el empuje de luchar contra la impunidad como estos que gozan ser juzgados en libertad y comprueba que la justicia todavía funciona a favor de los que detentan el dinero.