La brigada de policías ataviados en su versión antimotines realizó un operativo al mejor estilo fascista. Tomaron la planta y sus alrededores, decomisaron las cadenas y los candados que estaban en las cercas y portones, y hasta las pancartas, como evidencia para una acción penal.

Sacaron a los trabajadores de la planta. Dejaron solamente a las compañeras que el patrono les negó el reenganche emitido en una providencia de la inspectoria del trabajo. Impidieron que se hicieran llamadas o se tomaran fotos. Fuera de la planta, en la calle, fue igual el operativo. No se permitió a los trabajadores reunirse. Ellos sí tenían una filmadora en uso que luego serviría para que el patrono seleccionara a los trabajadores que, el lunes luego de entrar a trabajar e ir a sus puestos de trabajo, sacarían de la empresa. En el expediente en los tribunales hay cerca de 400 fotos tomadas por los contratados por el tribunal, mientras para nuestro lado no fue permitida siquiera tomar una foto bajo pena de decomisar el celular e ir preso.

Las compañeras fueron desalojadas obligándolas a caminar entre un cordón de policías que las amenazaban con llevarlas presas si las volvían a ver cerca de la empresa.

En los cuatro talleres que conforman la empresa, Proplaca (plásticos), motores, ensamble, Arcenca (metalmecánica, fundición y almacén), desde el lunes siguiente al operativo el 21/07/08, comenzó una caza de brujas con los trabajadores. Sacaron a los delegados de prevención y seguridad laboral, a los directivos sindicales que estuvieron en la lucha, y a varios trabajadores. En los cuatro talleres tienen un personal armado, dicen un rato que son del CICPC, otras veces vigilantes especiales, que son aguaciles. Interrogan a los trabajadores buscando datos para el tribunal que tiene la denuncia del dueño de la empresa, el cubano gusano Jaramillo. Siguen al trabajador, cuando van al baño; no permiten dos personas en los baños para evitar reuniones ni tampoco que la persona este mucho tiempo; dicen que tienen bajo seguimiento a los sospechosos; que saben hasta en cuál panadería compran el pan; que su labor es acabar de una vez por todas con los reclamos de los trabajadores. Todo esto sin identificarse ninguno, solo el poder que les confiere el patrón, porque en fin son sicarios contratados por Jaramillo.

El amedrentamiento es tal que algunos trabajadores renunciaron por la presión y el temor de los sicarios contratados por la empresa. Los abusos que cometen estos matones en la empresa no se ven ni en una dictadura y aquí en Valencia en el socialismo del siglo XXI está sucediendo. En la inspectoría no tienen recibida ninguna calificación del personal sacado de las plantas. Según la empresa, ellos están suspendidos por averiguaciones y mientras tanto no pueden ni acercarse a la planta porque irían presos.

En el Acta-teatro realizada ofrecieron estabilidad y no represalias. El Juez, José Gregorio Quintero, dijo que el venía en nombre de Chávez y que iba a arreglar todo como debía ser. Tan fuerte se sentía que se burló de los trabajadores; dijo que venía de Caracas cuando es un simple y vulgar Juez temporal del circuito valenciano.

Impidieron usar celulares, tomar fotos, filmar, e inclusive, no permitieron reuniones en la calle; se apostaron adentro y fuera de la empresa. El defensor del pueblo cuando llegó se sorprendió por el operativo de la brigada antimotines utilizada contra tres de las compañeras que exigen su reenganche y algunos trabajadoras que eran las que estaban en la planta; las otras compañeras estaban en diligencias en la inspectoria, en la fiscalía y en actividades buscando solidaridad.

La seguridad social tampoco funciona.

La compañera Gloria Palomino, Sec. de finanzas del sindicato, herida de bala al frente de la puerta de la empresa por sicarios contratados, esperó padeciendo en la emergencia del hospital un mes por la operación. El precio del clavo colocado para mantener la unión del hueso fue comprado por ella misma, no sin la gestión incansable de compañeras solidarias hasta que se logró. Toda la ayuda hipócrita de las autoridades del gobierno se quedó en palabras. Otra compañera que fue arrollada por un vehículo cuando se dirigía desde la empresa hacia su residencia, se quedó esperando por una operación y sin embargo fue dada de alta.

Quedan pendientes las acusaciones en la fiscalía a los desalojados de la planta por el Juez de ejecución de medida José Gregorio Quintero Martinez, Inprebogado No. 70412, atropellados por una brigada de policías estatales antimotines y amenazados constantemente por sicarios contratados. Todo por defender sus derechos como trabajadoras.

La providencia de reenganche a 7 compañeras despedidas arbitrariamente hace 7 meses y un amparo para los demás trabajadores sacados de la planta, se enfrentaron contra todos los reales del patrón y sus representantes legales dirigidos por la abogada Carmen Rosa Gamez, Impreabogado No. 16264.

El show con Mario Silva

En este caso, se logró el objetivo después de más de un mes de iniciada la gestión. Se comenzó con el intento de entregarle una carta a Mario Silva en la monumental, en su lanzamiento de la mano del mismísimo Chávez, el 27 de Junio. Culminó 4 días después del asalto a la empresa con la policía y el desalojo de la toma de la empresa, el 30 de Julio. Después de las 12 de la noche se dio el cortísimo show. Silva advirtió de entrada, por si acaso, a los empresarios valencianos que no creyeran que él era radical, que lo que pasaba era que algunos empresarios se pasaban de maraca con los trabajadores. Inclusive les recordó lo indispensable que eran para el desarrollo del país, se refirió a Rualca donde dijo que algunas personas, sin decir nombre, no habían actuado bien, y respecto al caso Fundimeca dijo que inclusive la dirección del PSUV había tocado el caso, lo que indica lo inoperante que es esa dirección porque en los hechos no se pronunció ni mucho menos pondría a los batallones en defensa de los trabajadores atropellados por la intransigencia del patrón Jaramillo. Silva para terminar el programa por fin recibió de pie, a las 12.41 de la madrugada, a dos delegados de prevención, hizo acuso de recibo de la denuncia, ofreció tomarla en cuenta y se acabó. Días después, en la última hojilla, previo al acto de presentación de su candidatura ante el CNE, se lanzo leyendo una carta enviada por las trabajadoras den lucha de FM, donde fustigo al dueño de la empresa.

Cronología de los hechos

28 de Noviembre: En vista del retraso en el pago de las utilidades y la demora en convenir el aumento a la firma del convenio colectivo, los trabajadores pararon sus actividades. El mismo día en reuniones con los representantes legales del patrono se acordó el pago de las utilidades y el acuerdo de aumento. Más tarde parte de la directiva sindical, dirigida por la Sec. General Aide aceptó retroceder ante la empresa con respecto a lo de la caja de ahorros y la cesta navideña.

01 de Diciembre: Pago de las utilidades

17 de Diciembre: Calificación de despido de 41 trabajadoras, ilegal por violentar el decreto de inamovilidad al no cumplir con más de los 3 salarios mínimos y todavía no se había homologado el convenio colectivo.

20 de Diciembre: Vacaciones colectivas.

14 de Enero: Inicio de actividades.

Enero hasta Junio: Gestiones en la inspectoría del trabajo con la jefatura de Maria Marquez. Durante esta gestión fue evidente el retraso para que saliera el reenganche, salió Marìa Marquez tras la salida del ministro Rivero

Junio: Providencia de reenganche emitida por la Inspectoría del Trabajo, dirigida ahora por Indra Toledo.

25 de Junio: Reenganche forzoso, la empresa no atiende al reenganche, la inspectora del trabajo en persona no es atendida en la planta. Son 9 compañeras que todavía luchan por sus derechos, las otras ya, producto del desgaste y las necesidades aceptan el arreglo.

26 de Junio: Se trancan con cadenas los portones de las 3 plantas que conforman la empresa: Proplaca, Ensambladora, y Arcenca

30 de Junio: Atentado por un sicario de la compañera Gloria Palomino, secretaria de finanzas del sindicato, en las adyacencias a las puertas de la empresa. Inmediatamente los trabajadores toman las instalaciones de la planta de ensamblaje final con el fin de resguardarse.

01 de Julio: El patrón denuncia a 23 trabajadores como usurpadores de la propiedad privada. Se ampara y logra una medida cautelar para ejecutar el ingreso a la empresa

03 de Julio: Se presentan con la Juez Mauricio Maria Gonzales Valles con los representantes legales de la empresa, policías estadales y municipales, matones contratados por el tribunal para romper las cadenas. Los trabajadores resisten. Se presenta la coordinadora regional del trabajo, la inspectora del trabajo de Valencia, el presidente del consejo municipal, un concejal suplente, se redacta un acta.

09 de Julio: Son denunciados y llamados a la fiscalía 23 trabajadores por no permitir el acceso del personal al trabajo, ocupación de una propiedad privada, daños, etc.

18 de Julio: Se presentan cerca de un centenar de policías de la brigada antimotines con el juez José Gregorio Quintero Martínez, ayudantes con cámara fotográfica.

21 de Julio: Se reinician las actividades en la planta. Se desalojan de su área de trabajo a 10 trabajadores, entre ellos 3 delegados de prevención y dos directivos del sindicato. Dentro de la planta personal externo contratado haciendo énfasis que representan la ley, andan armados, hostigan a los trabajadores y hasta los someten a interrogatorios y los amenazan.

Días siguientes, las trabajadoras tiene orden de captura emitido en los tribunales, donde se les acusa de atentar contra el patrono y contra la propiedad privada.