El gobierno hace cumplir las leyes cuando los patronos recurren a ellas.

El gobierno es incapaz de hacer cumplir las leyes cuando favorecen a un trabajador ante el atropello del patrón.

Los jueces son para las elites, para el que pueda pagar, son solo instrumentos del poder económico. El poder Judicial, compuesto entre otras instancias por los tribunales, están elaborados o funcionan para servirle al rico, los pendejos solo tienen que acatar las leyes.

El derecho laboral es una burla, los poderes públicos, principalmente el Poder Judicial, están ajustados a servir a los industriales y oligarcas, junto a los órganos de represión, sean policías o Guardias Nacionales.

El gobierno es el principal patrón y viola sus mismas leyes laborales, sean la Ley Orgánica del Trabajo o la del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Inpsasel, hasta la Constitución, cuando el artículo favorece los derechos de los trabajadores, referente a convenios colectivos ni se diga.

El derecho, en la República Bolivariana de Venezuela es el mismo de antes, el de la cuarta República, los Tribunales siempre ejercen la misma función y los jueces tienen patente de corso, llámese impunidad, tampoco son elegidos por el pueblo, mucho menos son revocables y sus periodos duran una eternidad, y a esto se le llama Democracia

Las nacionalizaciones: cuando los empresarios privados estafan a la nación, en las empresa mixtas y tribunales de por medio, paga el Estado, cuando el gobierno nacionaliza, vuelve a pagar el Estado, lo que significa que somos los venezolanos los estafados y burlados por partida doble.

Cuando los patronos le deben a la nación y no le pagan, o lo que es igual estafan a la nación, no importa, porque el patrimonio público es el dinero de los venezolanos, el estado en este sentido no tiene dolientes porque quienes nos representan en el gobierno se venden a la oligarquía o los patronos que son lo mismo. Ahí esta el caso de la Ruedas y Aluminios Compañía Anónima, Rualca, cuando era privada le debía un dineral a la CVG, por suministro de materia prima, el aluminio, pero cuando quiebra, lo colosal es que el gobierno tiene que pagarle a estos estafadores y al final como siempre pagamos los venezolanos y en particular los trabajadores de la vieja Rualca y ahora los que quedan en la nueva Rialca.

Similarmente sucede en SIDOR, veamos por ejemplo el caso de Iván Hernández, continúa como directivo representando al gobierno en la empresa recién nacionaliza, pero también lo era antes en la antigua empresa mixta como representante del gobierno en sociedad con Termiun. Este directivo es cómplice por omisión de la estafa permanente que hacía la parte privada a los trabajadores y a la nación. Todavía hoy se vislumbra que el estado le va a pagar a consorcio ternium, quien le robo a la nación cuando el privado era socio mayoritario.