Obreros de las Empresas Mixtas inician acciones de protesta
Los trabajadores comienzan a tomar medidas de presión ante la negativa de las empresas de capital transnacional y nacional (PDVSA) a sentarse para discutir el Convenio Colectivo que beneficiará a más de 10 mil trabajadores.
Después de no haber llegado a ningún acuerdo en la mesa de negociaciones que se instaló en Margarita, producto de la propuesta hecha por los representantes de las transnacionales de pretender que los trabajadores, contratados y subcontratados, no disfrutaran de los beneficios del Convenio Colectivo, por otro lado rechazan de manera contundente la posición asumida por la Inspectoría del Trabajo, quien emitió una resolución que excluye de las conversaciones a 20 testigos con derecho a voz y voto, escogidos por los trabajadores en asambleas de manera democrática.
La Inspectoría del Trabajo, también excluyó de esas conversaciones al resto de los integrantes de las juntas directivas de FEDEPETROL y FETRAHIDROCARBURO, imponiendo que sólo tengan derecho de estar presentes los Secretarios Generales de ambas Organizaciones Sindicales y 4 testigos, escogidos como si fuera poco con el método de la dedocracia.
Esta decisión de la Inspectoría del Trabajo, pasa por encima de la voluntad de los trabajadores, violenta y cercena los derechos a la democracia obrera y se presta para que no haya garantía de transparencia.
La reacción no se hizo esperar
La imposición de la Inspectoría del Trabajo, la tranquilidad con la que algunos directivos sindicales se han tomado las cosas, la propuesta de trasladar las discusiones a las ciudades de Caracas y Valencia, la posición intrínseca de los patronos, la falta de información, la incapacidad de los sindicatos de organizar a los trabajadores para pelear por la defensa del contrato, fueron causas que motivaron al grupo de los 20 delegados a tomar la firme e incuestionable decisión de convocar a los trabajadores para discutir un plan de lucha. Para demostrarle a la Inspectoría del Trabajo que bajo ninguna circunstancia, va a pasar por encima de la voluntad de los trabajadores, dispuestos a defender sus derechos y no calarse imposiciones de la patronal.
El día martes 09 de Enero trancaron las entradas principales al Complejo Petrolero y Petroquímico “General José Antonio Anzoátegui”. El día miércoles ingresaron a las instalaciones, pero no pasaron a planta. El día jueves se dirigieron sus puestos de trabajo, pero no laboraron.
Estas acciones tienden a radicalizarse, respecto a las discusiones de los Convenios Colectivos: PETROZUATA lleva 15 meses de vencido! El de SINCOR 7 meses! CERRO NEGRO 6 meses! y AMERIVEN 3 meses.
¿Cuál, ha sido la respuesta del gobierno?
Hasta el momento no se ha escuchado al Presidente de la República, ni al Ministro de Energía y Petróleo, ni al Ministro del Trabajo, pronunciarse en torno a esta situación, que de persistir terminaría en un conflicto de grandes proporciones. Lo que sí han visto los trabajadores, es la Guardia Nacional, presente con sus equipos anti motines para arremeter contra ellos.
Esas mismas transnacionales, de las cuales el Presidente habla tanto, son las que están intentando desconocerle los derechos y desmejorarles los beneficios a los trabajadores, esos que defendieron la industria petrolera del sabotaje criminal que le causó pérdidas incalculables al país. Los guardias nacionales en vez de arremeter contra los gerentes imperialistas, detienen, amenazan e intimidan a los obreros, quienes sólo exigen sus derechos.
Los trabajadores exigen
1. Que se respete la democracia participativa y protagónica, que los 20 delegados electos sean integrados en las discusiones.
2. Que los directivos de SINUTRAPETROL sean apartados de las conversaciones, por que no tienen afiliados a quienes representar y no están legitimados.
3. Que sean respetados y garantizados los derechos y beneficios a los trabajadores contratados y subcontratados, estos constituyen el 95% de la nómina de todas las empresas estratégicas.
4. Que cesen las amenazas de despidos, la guerra sicológica y el amedrentamiento.
5. Que las discusiones se realicen en el estado Anzoátegui.